En 1910 parecían distantes las guerras civiles y existía confianza en un Estado sólido, capaz de conducir y dirimir conflictos. Luis Alberto Romero analiza comparativamente el país actual y fija la reconstrucción del Estado como meta.
Por: Luis Alberto Romero
Como todos los grandes aniversarios, los Centenarios provocan en los ciudadanos una pregunta y un desafío: qué hicimos y qué podemos hacer. Para el historiador, son además momentos privilegiados para comparar cómo han cambiado las miradas de la sociedad sobre sí misma. Frente al espejo del Centenario aparecen sus valores, sus balances y sus expectativas. Ciudadano e historiador, quiero tratar de entender cómo se miraban en su espejo los argentinos de 1910 y compararlo con nuestras miradas de hoy. Voy a centrarme en tres cuestiones: el Estado, la República y la Nación. Me temo que la comparación no ha de ser alentadora.
La mirada del Centenario.
Coloquémonos primero en 1910. Fue el momento de un balance maduro, con mucho optimismo, pero también con dudas y temores. Los optimistas veían en el siglo transcurrido la progresiva realización de un logro magnífico. Parecían lejanas las luchas por la construcción del Estado: las guerras civiles, que jalonadas por pactos efímeros, se prolongaron hasta 1880. En 1910 el Estado estaba sólidamente afirmado, no había guerras interiores, las fronteras estaban definidas, y sus principales instituciones –el ejército, la escuela pública, el correo, entre otras– funcionaban eficientemente. A través de ellas el Estado pudo modelar un país pujante, impulsado por la inmigración, el crecimiento agrario y el comercio exterior. Era una época de confianza en la capacidad del Estado para dirigir y orientar todo, e inclusive para regular los conflictos.
Desde 1810 nadie dudó de que la Argentina sería una república, pero construir sus instituciones fue tarea ardua. A mediados de siglo, Alberdi habló de una "república posible", con instituciones fuertes, amplias libertades y pocos ciudadanos. Faltaba la democracia, que completaría la "república verdadera", y hacia allí marchó la ley electoral de 1912, la ley Sáenz Peña, producto legítimo del reformismo del Centenario.
Tampoco había dudas en el Centenario de que la Argentina era ya una nación. Bartolomé Mitre dijo que lo era desde 1810, pero eso no era completamente exacto. La nación, concebida gradualmente por intelectuales y políticos, sólo arraigó en las conciencias cuando el Estado la hizo suya, y le dio forma y contenido. La tarea era complicada en el escenario babélico de la inmigración masiva. Pero en 1910 estaban sentadas las bases de una nacionalidad, gracias sobre todo a la tenaz acción de la escuela pública. La nacionalidad de 1910 era plural, tolerante y liberal, no excluía a nadie y ponía en primer término las ideas de ley y patria.
A los pesimistas les preocupaba, en primer lugar, la cuestión social, es decir, el desarrollo de la conflictividad laboral. Algunos creyeron que sólo era posible la represión, pero la mayoría confió en las reformas, por ejemplo un Código del Trabajo que legalizara y regulara la acción sindical. También los preocupaba que la nacionalidad fuera insuficiente y querían reforzar la conciencia y la unidad del llamado ser nacional, lo que originó inacabables discusiones sobre su definición.
Optimistas y pesimistas expresaban dos perspectivas que, aunque opuestas, tenían un punto de coincidencia: la posibilidad de la reforma, del mejoramiento de una realidad perfectible, y la confianza en la potencia de quien podía realizar esas reformas: el Estado.
El Bicentenario
Ubicados en el Bicentenario, es difícil trazar un balance único. En el siglo hubo dos Argentinas diferentes, separadas por la profunda brecha de los años setenta. Una, próspera, integrada y conflictiva; la otra, empobrecida, segmentada pero que, paradójicamente, intentaba construir una democracia republicana.
Veamos la primera. Muchos la conocimos, pero ya no existe más. Hasta los años setenta, la Argentina fue vital y conflictiva. Tuvo una economía relativamente próspera, capaz por ejemplo de asegurar un empleo a los sucesivos contingentes migratorios. Su sociedad fue dinámica, móvil e integrativa, y en general los hijos estuvieron mejor que los padres, ya fuera en educación, en empleos e ingresos. También fue una sociedad conflictiva. Algunos de esos conflictos tuvieron que ver con el acelerado proceso de incorporación social, como ocurrió en el origen del peronismo. Otros, en cambio, se explican por las características del Estado y su relación con las diferentes corporaciones de intereses.
Aquella Argentina tuvo un Estado activo y potente, que intervino de manera creciente para regular y arbitrar en los conflictos de una sociedad cada vez más compleja. Al hacerlo, desarrolló también una gran capacidad para conceder franquicias, privilegios o, lisa y llanamente, prebendas. Una característica de aquella sociedad fue que cada uno –obrero, empresario, profesional, docente, sacerdote o militar– trató de encuadrarse en una corporación, aguerrida y combatiente, para arrancar al Estado algún privilegio o beneficio especial. En ese diálogo, el Estado potente fue progresivamente colonizado por las corporaciones, perdió su autonomía y se convirtió en el campo de combate y a la vez en su botín, hasta llegar al paroxismo de los tempranos años setenta.
Con respecto a la república y a la democracia, la sociedad integrada y móvil produjo una ciudadanía informada, activa y participativa, que protagonizó en la primera mitad del siglo XX dos ciclos definidamente democráticos: el radical y el peronista. En los dos casos se trató de una cierta variedad de democracia: de líder, plebiscitaria, fuertemente unanimista y escasamente republicana. Tanto el radicalismo como el peronismo se presentaron como la expresión de la nación y el pueblo. El presidente, depositario de la voluntad del pueblo, no se consideraba atado por los otros poderes de la república. Los adversarios del movimiento eran, en realidad, enemigos del pueblo y de la nación. Uno de los resultados de esta práctica democrática singular fue una vida política facciosa, intolerante e inestable. Los militares aprovecharon los conflictos de la democracia para proponer la alternativa de la dictadura, de formas cada vez más terribles.
Uno de los productos más característicos de la Argentina vital fue un nacionalismo robusto y aguerrido, construido sobre la idea de la unidad y la homogeneidad de una nación, que sin embargo debía ser definida. Quien impusiera su definición del ser nacional podía decidir quién pertenecía auténticamente y quién quedaba en los márgenes de la nación. La tarea convocó a poderosos enunciadores: el Ejército, la Iglesia católica, las fuerzas políticas nacionales y populares. Cada uno tuvo su idea de la nación, pero todas tenían ese rasgo común de la exclusión del otro, y entre todas dieron forma a un nacionalismo agresivo e intolerante, soberbio y paranoico. Su expresión más terrible fue la guerra de Malvinas, en 1982, y la multitud congregada en la plaza de Mayo, aclamando al dictador nacionalista.
La Argentina de hoy
La última dictadura militar potenció al extremo los conflictos y las malas pasiones de aquella Argentina. A la vez, su manera de enfrentarlos inició la construcción de la nueva Argentina, la que hoy nos toca vivir. Se trata de una Argentina decadente. En las últimas tres décadas el país cambió completamente. Se destruyó su antigua economía, ciertamente ineficaz, pero el surgimiento de lo nuevo apenas se vislumbra. La consecuencia ha sido un empobrecimiento general y una formidable redistribución regresiva del ingreso. En la gran transformación hubo algunos grandes beneficiados y una masa de afectados, sumergidos en la desocupación y en la miseria. Hoy la sociedad argentina está fragmentada, segmentada y cada vez pesan menos las clases medias que supieron caracterizarla.
En ese contexto social, tan poco adecuado para la formación de ciudadanos y de ciudadanía, la Argentina hizo su intento más sistemático y voluntarioso de construcción de una democracia republicana, como nunca conoció anteriormente: liberal, pluralista, republicana, basada en la ley, los derechos humanos y la discusión racional. Esa fue la ilusión de 1983. En la democracia realmente existente que tenemos desde los noventa llama la atención la reaparición de modelos de gestión política y estatal familiares en otras épocas. La democracia republicana se ha ido convirtiendo cada vez más en una democracia delegativa, según la fórmula de Guillermo O'Donnell. También reaparece el argumento plebiscitario –aunque las plazas unánimes y espontáneas sean raras– y junto con él, la execración del otro. Finalmente, reaparece una figura mucho más antigua: la de los gobiernos electores, que combinando presión y dádivas pueden construir los resultados comiciales.
Pero la clave está en el Estado. La reforma estatal se viene desarrollando sin solución de continuidad desde 1976, con la sola excepción de los años de Alfonsín. Consistió casi exclusivamente en destruirlo, con justificaciones tanto liberales como estatistas. Para achicar el déficit, se redujeron sus funciones sociales, como la educación, la salud y la seguridad, agudizando la pobreza. Para beneficiar a los más fuertes –los ganadores de la gran crisis– se redujo al mínimo su capacidad de control, achicando o destruyendo oficinas estatales. Pero se mantuvieron las prácticas prebendarias, que permanecen, aunque los beneficiarios se van alternando. El resultado ha sido un Estado incapacitado de desarrollar políticas sostenidas. Para quienes lo gobiernan, es hoy como un automóvil sin acelerador, freno ni volante; una herramienta inservible y hasta peligrosa que como un televisor viejo, sólo funciona con golpes de autoridad, de resultados imprevisibles.
Un balance
En 2001 se produjo una espectacular crisis, y después tuvimos una inesperada ola de prosperidad. Esta no ha concurrido a disolver el núcleo de miseria, que ya crece con lógica propia. Allí está la base de una sociedad escindida en dos mundos, que viven un conflicto cotidianamente escenificado en las calles. Si esto puede revertirse, sólo lo puede hacer el Estado.
¿Qué estado? ¿Con qué régimen político? ¿En nombre de qué nación? En torno de estas cuestiones se plantean los desafíos del Bicentenario. Algo va quedando claro: en lugar del consenso amplio de 1983, hay frente a cada cuestión dos opciones, más o menos claramente planteadas. Respecto de la República, para unos es un estorbo, y la solución está en achicarla y concentrar el poder en su vértice, apelando a la eficiencia y la legitimidad plebiscitaria. Para otros, el problema está en la discusión, la negociación y la elaboración de proyectos colectivos, lo que requiere fortalecer la Justicia y el Congreso.
Estos también sostienen que es necesario reconstruir el Estado. Liberarlo de la colonización corporativa y las prácticas prebendarias. Devolverle su potencia, dotarlo de las agencias que lo conviertan en maquinaria eficaz de las directivas del gobierno. Esta propuesta no tiene objetores de fondo sino enemigos de retaguardia, solapados. Son los que corrompen la porción del Estado que les afecta, mediante el prebendarismo o el clientelismo político. O los que destruyen las agencias molestas, las pocas que sobrevivieron a los vendavales de la dictadura y de los noventa.
Sin desconocer la importancia de la cuestión republicana, diría que el meollo del desafío de la hora está en la reconstrucción de un Estado capaz de pensar políticas estatales o políticas nacionales. Un Estado como el que tenían los hombres del Centenario, aunque ciertamente los problemas que ellos enfrentaban eran mucho más sencillos. Esa me parece la lección que se desprende de mirar la Argentina del Bicentenario en el espejo, hoy un poco lejano, de su primer Centenario.
Fuente: Revista Ñ
